(untitled) (Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 2016)
La crisis de los años 1785 y 1786 es considerada como una crisis alimentaria. La pérdida de cosechas ocasionó una gran mortandad en la Nueva España debido a la hambruna y el debilitamiento de la población expuesta a diversas enfermedades. En Michoacán se ha destacado las iniciativas que tomaron el obispo fray Antonio de San Miguel y el deán José Pérez Calama, para evitar los graves problemas sociales que conllevaban la falta de alimentos y su alto precio. Las medidas que tomaron el cabildo civil del ayuntamiento de Valladolid y el cabildo catedralicio fueron exitosas en evitar el desabasto de maíz y su carestía, pese a lo cual se presentó una gran cantidad de muertos, sobre todo en 1786. La mortalidad se debió a epidemias que se propagaron en el virreinato, existen testimonios y trabajos de investigadores que muestran un alto costo de vidas humanas por pestes que han recibido diversos nombres, de manera genérica se identiican como iebres. Estas crisis tuvieron impacto diferente en las localidades bajo estudio: Valladolid, Pátzcuaro y Uruapan, en parte por la calidad de los registros parroquiales, pero también por tratarse de diferentes enfermedades que afectaron de forma diferencial a los grupos por edad. El impacto se mide a través de la fórmula de Lorenzo del Panta y Massimo Livi-Bacci aplicada en los registros de defunciones. Las crisis provocaron la llegada de migrantes del bajío, que muy posiblemente trajeron con ellos las pestes que se diseminaron en Michoacán.